CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Civil


Magistrado Ponente:

Manuel Isidro Ardila Velásquez



Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil siete (2007).


Ref: Exp. 11001-31-03-002-1992-19566-01


Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia de 23 de junio de 2005, proferida por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá en este proceso ordinario de Protección de la Joven contra Jorge Antonio Parra Oviedo y terceros indeterminados.


I.- Antecedentes:


El escrito introductorio, que reformado fue tempestivamente, pidió declarar que la demandante es titular del dominio de un globo de terreno de aproximadamente 76.850 mts2 ubicado en la carrera 66A N° 51-02 de esta ciudad, el cual hacía parte del “Bosque Popular”,  y, como consecuencia, condenar a los demandados a restituir las  zonas que ocupan junto con todos sus frutos como poseedores de mala fe.


La causa para pedir es, en compendio, como sigue:


El  predio lo  adquirió la Institución por cesión gratuita que le hizo la ciudad mediante escritura 7386 de 31 de diciembre de 1954 corrida en la notaría 4ª de esta ciudad, atendiendo lo dispuesto en el decreto 2845 de ese año; el terreno no ha sido objeto de cerramiento dadas las limitaciones presupuestales que aquejan a la actora, que es una entidad  de beneficencia.


Una parte del predio, aproximadamente ocho fanegadas   contiguas a la casa de la Institución, fueron dadas en arrendamiento a Arcesio Parra en 1970, contrato que terminó en  1985;  a pocos días de ello, el demandado Jorge Antonio Parra, pariente del inquilino, apareció diciéndose tener sobre dichos  terrenos una posesión veintenaria;   de mala fe construyó una especie de casa de habitación allí y ha realizado cultivos menores y criado algunas vacas y gallinas, extendiendo el área maliciosamente hacia otros terrenos. Si  en realidad habitaba en el bien, esto no pudo ser sino a título precario habida cuenta del parentesco  con Arcesio Parra, nunca como posesión.


Otras personas, cuya identidad ha sido imposible establecer dada su hostilidad, también han llegado a invadir el bien y vienen poseyéndolo de mala fe; a cuenta de ello solicita su emplazamiento como terceros indeterminados.


Opúsose el demandado, quien amén de alegar la prescripción extintiva en su favor, reconvino en  pertenencia sobre la base de haber usucapido tres lotes de menor extensión ubicados en el predio adquirido por la actora, terreno cuya dirección es la carrera 66ª N° 51-02, los cuales dijo haber poseído con ánimo de señor y dueño por más de veinte años, ejecutado en ellos actos de construcción de vivienda, cría de ganado, cultivo de legumbres y pastos, y encerramiento y mantenimiento de cercas. Rafael Hernando Beltrán Duarte, quien concurrió al proceso  tras surtirse los emplazamientos,  resistió del mismo modo  y presentó también demanda de reconvención solicitando en pertenencia y por prescripción extraordinaria adquisitiva otro lote de menor extensión que igualmente forma parte del globo materia de reivindicación, el cual alegó haber poseído desde 1957, en el que construyó su casa de habitación.


La curadora ad-litem de los “terceros indeterminados” citados por la reivindicante se atuvo a lo que resultara probado.


A las súplicas de las demandas de mutua petición se opuso la  actora;  tras negar que la posesión invocada tuviese el tiempo necesario para la usucapión, alegó  la falta de condiciones de la acción de prescripción, petición antes de tiempo, “carencia de acción” y de “personería sustantiva” de los reconvinientes; la curadora de los indeterminados citados por cuenta de las reconvenciones, por su lado, atúvose a lo que resultara probado en el litigo.


Concurrieron al litigio Onofre, Celio Omar y Germán González Regalado coadyuvando a los reconvinientes en  pertenencia.


Revocó el tribunal la sentencia de primera instancia que había denegado la reivindicación y  accedido a las súplicas de las reconvenciones, para en su lugar denegarlas y entonces dar abrigo a la demanda principal.


II.- La sentencia del tribunal


A vuelta de señalar que no era menester la devolución del expediente al juzgado, pues consideró que los extremos del litigio fueron cabalmente desatados por el a-quo, pasó a determinar si los requisitos de la reivindicación, entre ellos el consistente en la posesión “actual” del demandado -pues sólo éste puede serlo en este tipo de  acción-, se hallaban presentes, labor que abordó examinando en primer término la situación del demandado Parra Oviedo, para luego estudiar la relativa a Beltrán Duarte.


Cuanto al dominio, observó que la escritura aportada como prueba de éste lo acreditaba, advirtiendo al efecto que fue inscrita en el folio de matrícula del globo materia de reivindicación; cuanto a la posesión, observó que “está probado que Jorge Antonio Parra Oviedo ocupa parte del bien”  según  lo expresó al contestar el libelo inicial, amén de lo cual, al reconvenir, anotó que los  predios a usucapir hacen parte del bien de mayor extensión de propiedad del ‘Amparo de Niñas’, cosa que por lo demás, apuntó, corroboran los testimonios de Gustavo Ladino Parrado, Héctor Ortiz, Germán Eduardo Beltrán Pardo, Arquímedes Peñuela González y Luis Orlando Duque Peñuela.


La identidad, de otra parte, también halla respaldo demostrativo en tales probanzas, las cuales, sumadas a los resultados de la prueba pericial, esclarecen totalmente el punto; y si bien la demanda reclama la totalidad del fundo, hay aspectos en ella que refieren es a las porciones ocupadas por los demandados; de modo que si la reconvención concretó cuáles son específicamente esas zonas, hay que decir que ésta acabó subsanando la omisión de la demanda, sin que eventualmente quepa decir que habría incongruencia, desde luego que si el actor acreditó tener menos derecho del pedido es posible, de conformidad con el artículo 305 del código de procedimiento civil, conferirle estrictamente lo probado.


Y, por último, relativamente a la singularidad, no halló reparos que hacer, pues la concreción que figura en la demanda en lo atinente a la heredad materia de reivindicación impone ese corolario.


Argumentación similar exhibió al analizar la reivindicación respecto de  Beltrán Duarte, quien compareció al litigio oponiéndose a la acción de dominio y reconviniendo en pertenencia; aseguró, sin embargo, que aun cuando al pleito, por su naturaleza, no ha debido citarse a terceros indeterminados, pues la reivindicación lo repugna, lo cierto es que esa intervención [que a propósito no fue de carácter ad-excludendum, como equivocadamente lo afirma el fallo apelado] no puede desconocerse, cumplidamente porque éste contestó la demanda, ejerció el derecho de defensa y presentó demanda de mutua petición, razón que imponía resolver frente a él la reivindicación como demandado, la cual, como se anticipó, halló próspera.


Despejados así estos aspectos alusivos a la reivindicación, se entregó al estudio de la prescripción  adquisitiva del dominio alegada por los demandados, aspecto litigioso que –dijo- analizaría conjuntamente con la prescripción extintiva invocada por los reconvinientes; anticipó allí que estudiaría la prueba testimonial de los demandados, mirando cada versión “en forma individual para advertir las eventuales falencias de sus propios dichos y, luego, los integrará a los demás para establecer igualmente falencias como concordancia”.


Estudio que empezó con la declaración de Gustavo Ladino Parrado, cuyo dicho desestimó al dudar que en verdad hubiera conocido a los reconvinientes antes de 1972, por lo que  “no alcanzaría completarse el lapso de los 20 años”, al margen de lo cual resalta cómo, de cualquier modo, este declarante afirmó que era administrador de Parra Oviedo desde hacía seis años, lo que  torna sospechosa su versión.


Héctor Ortiz declaró  conocer a los usucapientes hacía 25 años, porque les compraba huevos y leche cuando trabajaba en una panadería cercana, conocimiento por el cual considera que la posesión tiene todo ese tiempo, pues los ha visto cuidar los lotes;   también dijo haber trabajado con Parra por cinco años a partir de 1982 aproximadamente; pero si bien la posesión relatada es idónea para usucapir, es de advertir que la versión, amén de que viene de un ex-empleado de Parra, no es clara, pues no refiere la razón de su dicho al omitir decir “a quién compraba los huevos y la leche, con qué frecuencia” y, más que eso, explicar que la presencia de los prescribientes en el predio “obedecía a que ostentaban calidad de poseedores, porque igualmente los hechos que narra pudieron realizarlos como meros tenedores”.


A la misma conclusión arriba tras examinar el testimonio de Germán Hernando Beltrán Pardo, hijo de Beltrán Duarte y, por lo mismo, interesado en el pleito, pues aunque refiere hechos que aluden a su presencia en el bien, nada “evidencia que dicha ocupación siempre haya sido con el ánimo de señor y de dueño”. Lo propio acontece con el testimonio de Arquímedes Peñuela González, quien al afirmar que conoce que éstos ocupan el inmueble desde 1968, “no indica en qué condición, ni tampoco expresa porqué motivo guarda su vehículo desde ese año. Luis Orlando Duarte Peñuela da razón de su dicho desde 1975, pero al igual que los anteriores no expresa que lo haya tenido como dueño de tales lotes, lo cual igualmente expresa Garzón González Garcés”.


Vistas ahora las probanzas en conjunto, advirtió que ningún testigo “fue categórico en afirmar que desde esa época los haya tenido como propietarios (…) los testigos Arquímedes Peñuela González y Garzón González Garcés (sic) son los únicos que no tienen vínculo laboral o de parentesco con los demandantes en reconvención, (…) Y aunque los testigos en conjunto resultan concordantes entre sí en lo que respecta a la presencia de los demandantes en reconvención en los bienes y a la actividad que allí han desarrollado, la sospecha no surge de tal desacuerdo (sic) sino con el desacuerdo que tienen con los restantes testigos que rindieron declaración a instancia de la parte demandada en reconvención”.


Cecilia Martínez Martínez, Rosalba Mayorga Avellaneda, Bertha Margarita Ariza de Durán, María Mélida Valencia de Camacho, Julio César Ovando Correa (sic), Yolanda Dumit de Ronderos, Alberto Escobar Salazar, María Inmaculada Romero Orozco, Blanca María Sánchez y Oscar Gaviria Agudelo, testigos vinculados de alguna manera a la demandante como directivas, empleados y colaboradores,  hablan del arrendamiento del predio a Arcesio Parra en 1970, de cómo éste restituyó parte de los terrenos, salvo por “una franja del costado oriental, y por ello recibió una retribución de dinero; que el canon de arrendamiento era cancelado en parte con algunos litros de leche diarios; que Jorge Antonio Parra Oviedo apareció después de 1985 (cuando se produjo la entrega parcial efectuada por Arcesio Parra), afirmando que era poseedor de parte de los terrenos y que Rafael Hernando Beltrán Duarte llegó a la parte del inmueble, porque el padre Castillo lo llevó como cuidandero”.


Es decir, dos son los grupos de testigos, uno que menciona una posesión que data de 1968 y otro que señala que el terreno fue entregado en arrendamiento a Arcesio Parra, posiblemente pariente del demandado, quien le permitió el ingreso al predio, y que el padre Castillo llevó al otro reconviniente  con el objeto de que  ayudara a cuidar el bien;  este segundo grupo, también sospechoso por sus vínculos con la demandante, impide saber en últimas qué fue lo realmente acaecido, situación que obsta la prosperidad de las demandas de pertenencia.


Es que, apunta en seguida, confundiéndose la tenencia y  la posesión en cuanto que no hay forma de diferenciar esos actos materiales, bien podría decirse que los grupos de testigos no son “contradictorios”, pues  si llegara a pensarse que Parra Oviedo y Beltrán Duarte sí ingresaron al predio desde comienzos de la década de los setenta, habría que decirse que, de acuerdo con las explicaciones de los testigos, “lo hicieron como tenedores, aquél, como causahabiente de Arcesio Parra y, éste, como tenedor a nombre de la Protección de la Joven –Amparo de Niñas- con lo que no existiría contradicción con los demás deponentes. Por el contrario, si se llegare a considerar que Jorge Antonio Parra Oviedo y Rafael Hernando Beltrán Duarte desde un comienzo fueron poseedores, sí existiría contradicción entre los grupos de deponentes”.


Empero, aún así la pertenencia fracasa, pues que si aquellos ingresaron a los lotes como tenedores, debe decirse que “no acreditaron en qué  momento intervirtieron el título de mera tenencia en posesión, como tenían la carga de probar”. Porque, explica,  los contrademandantes son tenedores; a pesar de las críticas largadas respecto de los testigos de la demandante, por tratarse de testimonios de oídas y porque dan fe del contrato de tenencia en virtud de la exhibición que se les hizo, deben escucharse porque tal exhibición no se verificó con todos y porque muchos aseveraron que Arcesio sí ejerció la tenencia del bien que arrendó, como es el caso de Cecilia Martínez Martínez y María Mélida Velandia de Camacho, algo que  concuerda con el contrato “que celebró Arcesio Parra con un funcionario de la Protección de la Joven – Amparo de Niñas- (…) como se evidencia de los documentos que obran de folios 10 al 13 del cuaderno uno, y que sirvieron de sustento al proceso de restitución de inmueble arrendado que tramitó el Juzgado Civil Municipal de Engativa”.


Al remate examinó lo tocante con las restituciones mutuas, labor donde cuantificó los frutos a restituir por los demandados y las mejoras a pagar por la demandante.


III.- La demanda de casación


Aun cuando el fallo del tribunal fue recurrido por los reconvinientes perdidosos, la demanda de uno de ellos (Rafael Hernando Beltrán Duarte) fue inadmitida, de modo que sólo la del otro impugnador, que contiene dos cargos, ambos al amparo  de la causal primera de casación, es la que debe despacharse, estudio que habrá de adelantarse conjuntadamente, como quiera que en los dos cargos se controvierte un mismo aspecto resolutorio de la sentencia impugnada, por lo que justificado es  asociarlos para tal efecto.


Primer cargo


Acusa la violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 762, 946, 947, 952, 961 y 964 del código civil, como consecuencia de error de hecho en la apreciación de pruebas.


Para desplegarlo comienza recordando los conceptos  de reivindicación y   pertenencia, destacando eso de que cuando  se acumulan, la posesión que se determine frente a la reivindicación ha de predicarse igualmente en relación con el prescribiente -demandante en reconvención-;  negarlo, anota,  repugna al sentido común, desde luego que no puede aceptarse esa condición en un lado y negarlo en el otro.


Es así que a la reivindicación en este caso precedió la comprobación de que el demandado era poseedor; su confesión –que halló en la contestación de la demanda y en la reconvención- junto con la prueba testifical recaudada a su instancia, bastó al ad-quem para apuntalarlo, con el agregado de que en esas mismas piezas procesales halló elementos para determinar la identidad.


Tal quehacer probatorio encarna el yerro denunciado, pues el tribunal, tras suponer que allí militaba prueba de la posesión, no cayó en la cuenta de que las declaraciones de Cecilia Martínez Martínez, Rosalba Mayorga Avellaneda, Bertha Margarita Ariza de Durán, María Mélida Valencia de Camacho, Julio César Ovando Correa (sic), Yolanda Dumit de Ronderos, Alberto Escobar Salazar, María Inmaculada Romero Orozco, Blanca María Sánchez y Oscar Gaviria Agudelo infirmaban esa confesión.


La misma corporación sentenciadora así lo pone de presente, cuando, después del examen individual y colectivo de los testimonios de Gustavo Ladino Parrado, Héctor Ortiz, Germán Hernando Beltrán Pardo, Arquímedes Peñuela y Luis Orlando Duarte Peñuela, da en  que estos no revelan  posesión; para comprobarlo reproduce lo expresado  frente a cada uno de estos testigos por la sentencia y la conclusión preliminar que extrajo de su contemplación, observando que de todo lo elucidado por el sentenciador allí es posible deducir, “con temor a equivocarme -dice el casacionista-  que  el tribunal reconoce, en principio, que Jorge Antonio Parra Oviedo es poseedor de los bienes inmuebles cuya declaración de dominio pretende, pero que dicha posesión no alcanzó a durar el lapso de tiempo legalmente exigido para ganarlos por prescripción extraordinaria”.


Pero “ese temor se materializa cuando la precedente deducción la confronta” con la versión de los otros testigos mencionados, “pues ellos le sirven de sustento para desechar o desterrar, tajantemente, la posibilidad de que Jorge Antonio Parra Oviedo hubiese sido poseedor”, aserto que comprueba en los apartes de la sentencia donde  acepta  que el predio fue arrendado a Arcesio Parra entre 1970 y 1985 y que si los reconvinientes ingresaron al bien, fue porque, cuanto a Parra Oviedo, el inquilino se lo permitió, tal vez por su relación de parentesco, a vuelta de lo cual apuntó que, vistas esas versiones testificales, cuyo fin es favorecer a los prescribientes, tendríase que como sospechosos que son, la pertenencia no podría abrirse paso.


Luego el tribunal, exhibiendo un criterio probatorio que comparte la censura para los efectos de esta primera acusación, “concluyó que Jorge Antonio Parra Oviedo no fue poseedor, en ningún momento, de los bienes cuya restitución persigue la ‘Protección de la Joven – Amparo de Niñas –‘, sino apenas mero tenedor de los mismos”; de conformidad con eso, no percató que con las conclusiones probatorias extraídas de todos los testimonios, particularmente de los recibidos a solicitud de la demandante, “se destruyó, arruinó, desvirtuó, y en fin, se infirmó la confesión de Jorge Antonio Parra Oviedo”.


Ya que si el tribunal consideró que Parra Oviedo y Beltrán Duarte ingresaron a los lotes como tenedores, condición que se mantuvieron por cuanto  no acreditaron en qué momento intervirtieron el título de mera tenencia en posesión, “no hay duda de que el tribunal supuso la existencia de la condición de poseedor en el demandado (…) cuando para los solos efectos de la pretensión reivindicatoria, determinó, arbitraria y contradictoriamente” que el demandado ocupa parte del predio en esa condición; de paso supuso también la identidad entre los bienes pretendidos con los poseídos por “Parra Oviedo, por cuanto este aspecto, que también tuvo como prueba la confesión”.


De no haber caído la corporación sentenciadora en los yerros enrostrados en el cargo, habría denegado la reivindicación.


Segundo cargo


Acusa la violación indirecta, por falta de aplicación, de los artículos 762, 769, 881, 2512, 2513, 2518, 2531 y 2535 del código civil, 1° de la ley 50 de 1936, vigente para la época de los hechos narrados, y 1° (num. 1°) del artículo 407 del código de procedimiento civil, y, por aplicación indebida, de los artículos 946, 947, 961 y 964 del código civil, a causa de error de hecho en la contemplación de las pruebas.


Plantea, en su desenvoltura, que habiéndose tramitado en forma acumulada la reivindicación y la pertenencia, estimó el juzgador que el recurrente no fue poseedor, en ningún momento, de los bienes que pretendía ganar por prescripción; y a tal propósito adelantó el examen de pruebas a que aludió el primer cargo.


Aduce que al haber concluido el tribunal que el prescribiente Parra Oviedo arribó a los inmuebles a título de mera tenencia y que, fuera de ello,  no demostró cuándo intervirtió el título –todo de acuerdo con el primer cargo-,  pasó por alto e interpretó mal el caudal probatorio; no advirtió que cosas hay en las probanzas  indicativas de  una posesión veintenaria;  pasó por alto, comenzando, la confesión contenida en la contestación de la demanda, la excepción que propuso y la demanda de mutua petición, donde aseveró que su posesión era apenas respecto de unas zonas específicas e hizo una serie de precisiones que a propósito cita en apoyo del argumento.


Al efecto memora que  la  ratio de la indivisibilidad de la confesión cualificada radica, según doctrina inveterada, en la “unicidad confesional”, desde que el hecho objeto de la misma es uno solo, con todas las modificaciones, aclaraciones y explicaciones, y en que es injusto y arbitrario aceptar únicamente la parte que desfavorece o perjudica al declarante y no la que lo beneficia, por lo que debe dársele credibilidad al dicho del confesante en toda su extensión explicativa.


No reparó en la providencia de 21 de enero de 1991 del juzgado 8° civil del circuito de Bogotá. Con ésta revocó la  de 13 de junio de 1989 proferida por el funcionario de policía  comisionado por el juzgado 50° civil municipal de esta ciudad (Engativá),  que había rechazado la oposición que a la diligencia de entrega dispuesta en el juicio de lanzamiento que adelantó la demandante contra Arcesio Parra,  presentó Parra Oviedo. Las razones expuestas allí estriban en que la prueba testifical de Arquímedes Peñuela, Adonai Pulido Barrantes, Rafael Hernando Beltrán Duarte, María Josefa Pardo y Raimundo Calderón Hernández, testimonios cuyas actas fueron arrimadas a este proceso y por las que también pasó de largo el tribunal,  demuestran   posesión.


Omitió el auto de 26 de marzo de 1992, por el cual el mentado juzgado municipal, al no haberse insistido en la entrega, dio por terminada la diligencia; esto a su turno traduce que no vio que por haber prosperado la oposición la posesión de Parra Oviedo se mantuvo inalterable.


Malinterpretó el tribunal las declaraciones de Gustavo Ladino Parrado, Héctor Ortiz, Germán Eduardo Beltrán Parra, Arquímedes Peñuela González y Narcés González Garzón (sic), porque si bien admitió que apuntan a demostrar  posesión, las demeritó porque ninguna fue categórico en afirmar desde qué época venía el hecho posesorio; la realidad, sin embargo, es que tal condición “no puede ser afirmada por los testigos sino deducida por el sentenciador de los hechos que éstos narren como supuestos de la ocupación visible que el poseedor exteriorice sobre los bienes materia de posesión”, aserto en cuyo apoyo cita el artículo 981 del código civil así como jurisprudencia de esta Corporación, para concluir enseguida que el yerro se configuró al haberse exigido a los testigos “una calificación jurídica sobre la naturaleza de la ocupación”.


A este propósito refiere algunos pasajes de los testimonios de Gustavo Ladino Parrado, Héctor Ortiz, Germán Hernando Beltrán Pardo, Arquímedes Peñuela González, Luis Eduardo Duarte Peñuela y Garcés Garzón González, pretendiendo demostrar con ellos la  posesión -por lo menos desde el año 1975-, para luego añadir que erró el tribunal al apreciar los testimonios de Cecilia Martínez Martínez, Rosalba Mayorga Avellaneda, Bertha Margarita Ariza de Durán, María Mélida Valencia de Camacho, Yolanda Dumit de Ronderos, Alberto Escobar Salazar, María Inmaculada Romero Orozco, Blanca María Sánchez y Oscar Gaviria Agudelo. De ellos  dedujo infundadamente, pues ninguno afirmó algo semejante, que Parra Oviedo ingresó al bien en condición de mero tenedor, porque así se lo permitió Arcesio Parra.


Fue una mera suposición del juzgador “que se desvirtúa con los elementos de juicio que arriba han quedado reseñados”, error que se acentúa cuando pretendió vincular al demandado con el contrato de tenencia que otrora ató a la demandante con Arcesio Parra, cuando a la verdad no existe lazo entre ellos; la exigencia probatoria de la interversión del título así resultó desatinada, ya que demostrado quedó a lo largo de la acusación que el recurrente no ingresó al bien como mero tenedor.


Y también erró cuando pasó por alto que, de conformidad con la confesión a que aludió en otro aparte  y la prueba testimonial de Ladino Parrado, Ortiz, Beltrán Pardo, Peñuela González, Duarte Peñuela y González Garcés, que Parra Oviedo es poseedor con tiempo suficiente para que operara la prescripción extintiva de la acción reivindicatoria y ganara por prescripción extraordinaria los bienes materia de la pertenencia.


La incidencia de estos yerros finca en que de  no haberse incurrido en ellos, la pertenencia  habría salido avante.


Consideraciones


Queda visto que ambos cargos rebaten las conclusiones que extrajo el tribunal en torno a la posesión: al paso que la halló también la descartó. De ahí que, como se anticipó y con prescindencia de que de entrada esto infrinja el principio lógico de  no contradicción, lo mejor sea conjuntarlos para su estudio.


En línea con esa carencia argumental que a ojos del impugnante figura en la sentencia, niega entonces a ultranza  la posibilidad de que la posesión  haya existido, hipótesis que, según lo expone en el primer cargo, echaría a perder la reivindicación, para después, en el segundo y en pro de la pertenencia, asegurar ahincadamente no sólo que ésta sí existió, sino también que se extendió en el tiempo por más de veinte años, espacio  suficiente para dar pábulo a la pertenencia.


Trátase, indudablemente, de planteamientos  excluyentes; y aunque extrañeza pueda causar esto al abordar el despacho de los cargos, sobre todo porque la repugnancia argumentativa que entre ellos se palpa enciende las alarmas de una eventual incompatibilidad,  la verdad  es que acá, en esta especie en particular, tal cosa no debe llamar tanto  a la sorpresa, si en la cuenta se tiene que el tribunal pudo haber discurrido de manera tal que cause confusión. A pesar de que en un comienzo tuvo por establecida la posesión, a la final, según las expresiones que utilizó al hablar sobre el punto,  acabó aparentemente renegando de ella.


Y en esa confusión busca acomodo  la censura que parapetada en ella cree fácil abatir la sentencia endilgándole así defectos de construcción lógica; mas,  bien mirada la exposición que hizo el tribunal al estudiar esto de la posesión, no  ve la Corte que haya caído en una contradicción que pueda acarrear semejantes efectos;  ésta, si es que la hay, es sólo  aparente, como ya se sugirió, y anida en las voces descuidadas del juzgador que, al verificar por cuánto tiempo se  extendió la posesión, no tuvo la precaución de explicitar que la tenencia que nunca  mudó en posesión, sí trocó después de todo en ella, por lo menos al momento en que integrada quedó la litis contestatio. Nótese, en aras de comprobarlo, que al estudiar ese fenómeno como requisito de la reivindicación, hizo énfasis en que si había de buscarse una posesión en el demandado, ésta no podía ser más que la actual; no otra, pues el artículo 952 del código civil así lo exige, destacando ahí mismo que si a descubierto quedaba que el demandado era tenedor, la acción de dominio se acallaría. Inclusive, en las notas de pie de página (la número 2) precisó que la posesión tenía que ser actual.


Explica esto que al comprobar la condición de poseedor de Parra Oviedo haya dicho que éste “ocupa parte del bien raíz”, afirmación que acompasa con la exigencia probativa del enunciado, pues el tiempo del verbo dentro de la oración –presente- denota actualidad en la acción del sujeto. Y que cuadra con lo que apuntó enseguida, a saber, que eso fue lo que “expresó en la contestación del libelo inicial y se evidencia de la demanda de reconvención que propuso contra esta última y por la cual pretende adquirir el dominio de los tres lotes de terreno que hacen parte del bien de mayor extensión de propiedad de la institución”, por modo que, conectado lo uno con lo otro, no queda más que decir que para el juzgador el acto de rebeldía que trocó la tenencia en posesión estuvo en las manifestaciones unívocas que en ese sentido encontró en la contestación y la demanda de mutua petición.


Ya cuando pasó a escudriñar lo tocante con el tiempo que ésta había perdurado, fue que halló cómo las pruebas no podían apuntalar una posesión veintenaria; y la razón de ello estuvo en que al perquirir cómo ingresaron los usucapientes al predio, vio vestigios lejanos de una relación tenencial, muy seguro tropiezo a las aspiraciones de los demandados, pues que en ese orden debía obrar  prueba  de la interversión, de que  el mero tenedor había renegado de esa calidad  para “abrogarse (sic) la de poseedor frente a todos y en especial al dueño de la heredad de manera pública, abierta y franca”, según fueron sus palabras.


Ahora. Casi sobra decir que al remontarse en el tiempo en tal averiguación,  referíase el juzgador no a la posesión actual, la que tuvo en mente al examinar la reivindicación, sino a la remota, pretendiendo saber cómo dio inicio esa relación material de Parra Oviedo y Beltrán Duarte con el bien. Tanto es así que para descartar la posible contradicción que se apreciaba entre los dos grupos de testigos que agrupó, manejó dos hipótesis para decir que aquí no había lugar a predicarla. Afirmó, nótese bien,  que ésta  existiría “si se llegare a considerar que Jorge Antonio Parra Oviedo y Rafael Hernando Beltrán Duarte desde un comienzo fueron poseedores” (sublíneas ajenas al texto), apreciación  que abona lo dicho y que va de la mano con lo expresado a lo largo de la decisión, donde reconoció posesión en los contrademandantes, entre las que podría destacarse el capítulo que abrió para examinar lo relativo a las restituciones mutuas, en el que, al volver sobre el tema para determinar  qué tipo de mejoras habían de pagarse a los perdidosos y qué clase de frutos debían éstos  restituir, los calificó como de buena fe.


En ese orden,  si el ad-quem habló de dos momentos distintos en cuanto a la posesión, injusto y desmedido luce el señalamiento que se le hace en el primer cargo, así la lectura del fallo deje la impresión de que el juzgador posiblemente anduvo negando que Parra Oviedo sea ahora poseedor,  pues es palmar que se trata de una inconsistencia nimia,  de menor jaez,  fácilmente  superable apelando a los criterios  esbozados y, sobre todo, diferenciando con un criterio racional el contexto en que la afirmación fue largada finalmente  en la decisión, que no tomándola en forma insular.


El primer cargo, por razones evidentes, no puede abrirse camino. Prosiguiendo con el estudio de la segunda acusación, cabe reiterar  que el juzgador, a pesar de que encontró que Parra Oviedo era poseedor, por lo menos al momento en que contestó la demanda,  encontró que su ingreso a los predios lo fue a título de mera tenencia, derivada de Arcesio Parra, sin que se sepa de ciencia cierta cuándo vino a transformarse en posesión.


Y desde luego que si  considera la censura que su posesión fue y es de siempre, es porque está rechazando toda idea de tenencia y descarta por consiguiente el fenómeno de la interversión del título.  Con la anterior precisión, debe pasarse, entonces,  al examen de los yerros que al tribunal se achacan en el segundo cargo, dirigidos todos a demostrar que éste se equivocó de manera estrepitosa al no tener por probada la posesión de veinte años que daría sólido apoyo a la pertenencia.


Lo pertinente, así,  es empezar examinando  lo atañedero a la tenencia; delanteramente es de advertir que si este pilar sentencioso se mantiene, estéril devendría el estudio de los demás reproches que encaran al tribunal, por supuesto que el inicio de esa relación material a título precario impondría la prueba de que trocó en posesión, cual lo advierte la sentencia, colofón que de paso, por no  venir discutido en casación, conllevaría el fracaso del cargo.


Pues bien. La precariedad del título de  Parra Oviedo en los albores de su posesión fue cosa que encontró el tribunal en la versión de “muchos” de los testigos, asunto en que de especial interés le resultaron   los de Cecilia Martínez Martínez y María Mélida  Velandia de Camacho; tales pruebas,  a más de hablar del parentesco  de  Arcesio con Jorge Antonio, describieron  entre ellos dos una relación de dependencia, como que aseguraron que este último administraba los animales  y pagaba el arriendo;  de allí dedujo –se infiere del contexto en que lanzó la idea-,  que no pudo ser otro que Arcesio quien le permitió el ingreso al bien y que, por consiguiente, la tenencia otrora en el primero había de suponerse pasó al segundo. Causahabiencia, según lo anotó en otro lado.


Al arrostrar  tal conclusión, se arma el censor de un argumento probativo cuya contundencia, de tener respaldo, bastaría para  arruinarla; aduce en tal propósito que no hay en los testimonios nada que autorice a dar en el parentesco ni en una tenencia derivada,  eso sí,  sin refutar aquello  de que Arcesio fue a la sazón arrendatario; y aunque en los inicios del litigio alcanzó a insinuarse que las zonas que aquél ocupaba eran diferentes a las poseídas por Jorge Antonio, esta polémica no viene explotada en casación, de donde la disputa, por lo que a este aspecto refiere,  está  reducida a lo tocante con el parentesco y la relación de dependencia que atisbó el tribunal entre éstos.


En puridad, hay que decir reproche de ese tenor  es claramente infundado, pues al examinar la prueba testifical  descúbrese de inmediato que no está ella ayuna de referencias a esas dos cosas, lo que de paso rechaza la idea de que el enjuiciamiento del tribunal fue producto de la suposición. A su turno, ofreciendo esas pruebas demostración de lo dicho, nada obsta  inferir, cual lo relievó el fallo impugnado,  la precariedad del título, colofón que se acentúa todavía más  al sumarle la convicción que en este rumbo presta el dicho del propio Jorge Antonio, quien  reconoció sin ambages que arribó al predio en condiciones precarias, todo lo cual, conjuntado  con otros aspectos que adelante habrán de puntualizarse, condena sin remedio la suerte de la acusación.


Véase, evidentemente, que la religiosa Cecilia Martínez Martínez (folio 270 del cuaderno 1) quien, a pesar de no haber conocido personalmente a Arcesio, sabe del arrendamiento, comenta que por la época en que estuvo en el hogar (de 1983 a 1980 y luego regresó en 1990) Jorge Antonio era mayordomo de aquél y se encargaba de pagar el arriendo y de lo de llevar diariamente el suministro de la leche a la Institución, todo en el entendido de que era a nombre de Arcesio, el cual vivía fuera de Bogotá. Concretamente dijo: “En 1983 cuando llegué al Amparo siempre se habló del arriendo de la Protección de la Joven con el señor ARCESIO PARRA nunca se habló de otra persona y que quien estaba encargado de administrar los animales que tenía en el potrero era JORGE PARRA siempre todo se tramitaba a nombre de ARCESIO PARRA nunca a nombre de JORGE PARRA aunque JORGE PARRA iba a pagar el arriendo y también cobraba el excedente de la leche que nos vendían en ese tiempo”.


Y María Mélida Valencia de Camacho (folio 278 ibídem), quien fuera secretaria de la institución por alguna época (entre 1971 y 1974 ó 1984 y 1994, no hay claridad al respecto en su declaración), declara que Arcesio, con quien trabó una pequeña amistad aunque éste no vivía allí, era inquilino del lote y que Jorge Parra, a quien conoció sólo de vista, “siempre entraba a una vivienda (…) una casita que hizo ARCESIO PARRA para las personas que le cuidaban el ganado vivieran ahí”.


Pero también  el testigo Garzón González Narcés (fols. 400 y s. del cuaderno 1), recibido a petición de los prescribientes,  alude al parentesco de Parra Oviedo con Arcesio, señalando que era “un cuñado de él”, situación que autoriza a pensar que eso de que entre ellos existían unos lazos familiares no es cuestión que haya supuesto arbitrariamente el tribunal y tanto menos cuando otro de los testimonios, esta vez  de los solicitados por  la demandante, la hermana Blanca María Sánchez Salinas, habla –con una buena dosis de confusión, no puede  negarse-, del parentesco, lo que en últimas no deja totalmente huérfana de razonabilidad la conclusión del sentenciador, así y todo la prueba fehaciente de los  vínculos filiales no milite entre las pruebas.


El punto, con todo, es que al margen de lo del parentesco y el vínculo de dependencia que estableció el tribunal, encontró que mucho de lo relatado por los testigos, y no sólo por los aludidos sino también por otros, entre los que se cuentan Rosalba Mayorga Avellaneda, Bertha Margarita Ariza Durán, María del Carmen Coral Rincón, Yolanda Dumit de Ronderos, Alberto Escobar Salazar, José Miguel Huertas de Francisco y María Inmaculada Romero Orozco, apuntaba a demostrar la tenencia.


A cuenta de ello fue que dio un destacado lugar en su argumentación al contrato de arrendamiento que a comienzos de la década de los setenta celebró la Institución con Arcesio Parra Cabrera, pues determinando que éste realmente existió, muy puesto en razón era concluir que con ocasión de ese arriendo fue que Jorge Antonio Parra Oviedo llegó por primera vez al predio.  


La impugnación resta importancia a lo del arrendamiento. Acaso porque el planteo del cargo finalmente  pretende desligar ese arrendamiento, que ciertamente le es ajeno, a la situación del recurrente. Pero con poca fortuna, pues acreditada la existencia de dicho contrato, no  sólo  porque ese pilar sentencioso está enhiesto en casación por no haber sido controvertido, sino  debido a que es el propio Jorge Antonio quien da razón de su existencia, muy difícilmente puede éste quitarse de encima ese ligamen,  a fortiori el peso del indicio que en punto de la precariedad de su título atisbó el tribunal.


Aún menos si en la cuenta se tiene que, con prescindencia de lo exiguo que  pudiera calificarse el material probativo que sirvió al sentenciador para  acreditar la tenencia, hay de todos modos en el litigio múltiples referencias a ésta,  lo que en últimas reforzaría la conclusión que sobre ese preciso punto extrajo el juzgador.


Empezando porque si alguien habló en el juicio de la precariedad del  título al arribar al predio fue el propio  Jorge Antonio. A vuelta de aceptar que Arcesio Parra tenía a su llegada unos potreros del predio en arrendamiento, dijo al absolver el interrogatorio de parte  que le fuera formulado, que cuando llegó con su “tío Antonio Oviedo a Bogotá donde Arcesio donde es el Colegio Granadino donde él vivía como Arcesio tenía varios lotes entonces   yo me quedé ahí desde el 67 cuidando unas vacas a partir porque él tenía bastante ganado tenía como unas 50 vacas en todos esos terrenos, entonces yo estuve trabajando como unos 6 meses con él y un tío y después yo construí una pieza y una cocina y seguimos en el terreno que tengo en posesión hasta la presente. Yo no he recibido la posesión de nadie yo la adquirí por mí mismo” (folio 282 del cuaderno 1 –sublíneas ajenas). Significativa a más no poder resulta esta afirmación del demandado, pues que sí es él mismo el que da noticia  de cómo  ingresó al bien, es evidente que su dicho debe  tomarse como un primer elemento  para juzgar las cosas, sobre todo si, en materia posesoria,   la lógica indica que en principio valen más las palabras que salen por boca de los propios interesados  que   el dicho en contrario de los terceros.   Y tanto más en cuestiones como las averiguadas acá, precisamente  el animus que caracteriza a la posesión,  elemento que por subjetivo es de difícil prueba. Justamente sobre el punto   ha dicho la Corte:


“(…) inútil será rebatir tal aseveración -del demandante- con las  declaraciones de terceros, pues es apenas natural que éstos no podrán saber más en el punto que la parte misma; los terceros, en efecto, no han podido percibir más que el poder de hecho sobre la cosa, resultando en tal caso engañados por su equivocidad y suponiendo de esta suerte el ánimo contra lo que permite deducir lo que fuera expresado por la parte actora; es en el sujeto que dice poseer en donde debe hallarse la voluntariedad de la posesión, la cual es imposible adquirir por medio de un tercero, cuya sola voluntad resulta así, por razones evidentes, ineficaces para tal fin” (Cas. Civ. sent. de 18 de noviembre de 1999, exp. 5272).


Lo cual no sería todo. Mírese, ya desde otro ángulo, que para la época de los hechos narrados por Parra Oviedo, quien dijo  haber nacido el 3 de noviembre de 1949, contaba  apenas 18 años, cortedad  que torna poco creíble la tesis de que una vez arribó al predio el joven Jorge Antonio se hizo a la posesión alegada sin derivarla de nadie; de cualquier modo, viniendo ese conocimiento de él reclamaría una explicación, la que, de más está decirlo, no figura en los autos.  Al margen, si es cierto, como él mismo lo declara, que trabajó con Arcesio y con su tío un tiempo (seis meses, dice), cabe preguntarse ¿en qué quedaría eso de que no recibió de nadie posesión?  A lo menos tendríase que si  Arcesio fue la persona con quien llegó a trabajar, fue de manos de éste de quien devino.


Y si a esta serie de inconsistencias se añade eso de que su tío estuvo con él como ocho años, tal como también lo aseguró en su declaración, no queda menos que sostener que la dialéctica probatoria del tribunal, que dio en considerarlo como tenedor tras el primer contacto físico que tuvo con el predio, no es cosa salida de razón, sobre todo cuando en abono de tal corolario brotan otros aspectos que, indudablemente, redundan en él,  por ejemplo, el hecho de que haya  trabajado un  tiempo ordeñando  vacas y cuidando los cerdos con su tío y con Arcesio –eso sí, no dijo cuánto-, algo en lo que concuerdan la mayoría de los testigos cuya declaración fue solicitada por los contrademandantes, quienes hablaron circunstanciadamente de las labores de crianza y manutención de animales de granja por parte de Jorge Antonio. Curiosamente ninguno conoció o supo de Arcesio, no obstante que el propio Parra Oviedo es quien ha admitido que éste era arrendatario de unos potreros del predio. Por lo demás, bastante extraño resulta que a pesar de que desde 1992 los predios están ocupados por los hermanos González Regalado (por lo menos eso es lo que rezan los documentos que  aportaron éstos al proceso como coadyuvantes de los prescribientes)  los mencionados testigos omitan toda referencia siquiera tangencial al hecho, sobre todo si lo que pretendía establecerse eran las características de la posesión alegada por Parra Oviedo y Beltrán Duarte.


Un panorama como el descrito, donde un nutrido número de probanzas deja ver que lo de la tenencia no fue un enjuiciamiento carente de respaldo,  sentencia a las claras que ni por modo hubo un tribunal salido de razón. Su decisión, pues, mal puede tacharse de insostenible. Y cuando eso sucede, bien se sabe, no ha lugar a la casación del fallo, porque el error que en la contemplación de pruebas le abre paso es únicamente el “que desafía en forma estridente el contenido de la evidencia que aquellas irradian, ya que solamente así el parecer del sentenciador, que, en el entretanto viene amparado por la presunción de acierto y de legalidad, puede tornarse permeable” (Cas. Civ. sent. de 13 de diciembre de 2001, exp. 6775).


A propósito de lo ocurrido acá, bien vale recordar las palabras de la Corte expresadas no hace muy poco: “en el juzgamiento de este caso hay interpretaciones de aquí y de allá; simplemente ocurrió que al final el sentenciador, dentro del ejercicio legítimo que le atañe, tiene la suya” (Cas. Civ. Sent. 29 de marzo de 2006, exp. 1996-547101). Obviamente, inclinado aquí el juzgador por  los argumentos del reivindicante, no recibe de muy buen grado la decisión el demandado perdidoso.  Mas no porque el tribunal  persuadido esté más de lo uno que de lo otro puede sindicársele de contraevidente.


Total. Intangible eso de que  Parra Oviedo arribó al predio en cuestión como tenedor, el cargo no tiene visos de prosperidad, desde luego que en tales condiciones debió el impugnador enderezar sus esfuerzos a desvirtuar eso de que no hubo prueba de que dicho título trocó en posesión con una antelación de por lo menos veinte años, que era lo requerido para que la pertenencia saliera avante. Empero, ya se sabe, ningún intento hizo en esa dirección, claro, acorde con la postura que exhibió en casación.


En tales condiciones los cargos no pueden abrirse paso.



IV.- Decisión


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley no casa la sentencia de fecha y procedencia preanotada.


Las costas en casación a cargo del recurrente. Tásense.


Notifíquese y devuélvase en oportunidad al tribunal de procedencia.

                 



MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ




JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR




CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO




PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA





CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE




EDGARDO VILLAMIL PORTILLA